puedo prometer y prometo

Recientemente hemos podido leer en los medios de comunicación cómo un grupo de 17 señores, vinculados en su mayoría al partido nacionalista español UPyD, se han decidido a firmar un manifiesto en defensa del castellano. Llama la atención la publicidad dada por los medios a este acto, que no parece proporcionada a la importancia del mismo, pero lo que me resulta más chocante es la propia argumentación que utiliza el manifiesto.

Parece lógico que si se firma un manifiesto en defensa de algo será porque ese algo esté amenazado, pero en el primer párrafo del documento ya se deja claro que no es así cuando se dice: “Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política.”

Y es que el castellano no necesita defensa alguna porque es la lengua que todo el que viva en cualquier parte de España debe conocer, simplemente para poder trabajar. A cualquier ciudadano español, incluso de la zona más catalanoparlante, la realidad social y económica le impone el aprendizaje del castellano. No es necesaria una defensa política de lo que la realidad del mercado y la sociedad impone naturalmente.

Este no es el caso de las otras lenguas del estado. El camino de las lenguas pequeñas sin protección política es la extinción. Ese sería el destino del gallego, el catalán y el vasco de no haberse impulsado su normalización, enseñanaza y uso, tanto en los medios como en la administración. Y ese es el inminente destino del aragonés y de mi querido y maltratado asturiano.

No tengo ningún sentimiento nacionalista que me empuje a defender la lengua asturiana. La defensa de un concepto como el de nación me parece algo marcado casi siempre por la falta de solidaridad y el rechazo a lo diferente. De hecho, lo único que envidio de las comunidades con una tendencia política nacionalista es su defensa de la lengua y cultura propias, una herencia hermosa que en mi comunidad estamos dejando morir.

Y soy consciente de que no hay muchas razones prácticas para defender el asturiano o el vasco. Tampoco es productivo intentar que el lince ibérico no desaparezca, pero las cosas no pueden ser guiadas únicamente por intereses económicos. La defensa de un mundo rico y diverso contra la imposición unificadora de lo más competitivo me parece una causa justísima. Porque siendo prácticos hasta el final, bastaría con que todos supiésemos inglés nada más.

Los incumplimientos más conocidos de la Constitución son los referentes a los derechos al trabajo con remuneración suficiente y a la vivienda digna. Ambos están consignados claramente en los artículos 35 y 47, pero el mercado, por encima de la ley, sigue permitiendo que el desempleo ronde el 10% y que sean necesarios dos sueldos para poder abordar una hipoteca a 30 ó 40 años.

Sin duda, la Constitución Española no es socialista. En el art. 38 habla de libertad de empresa en una economía de mercado (aunque también menciona la planificación económica). Pero las restricciones al capitalismo están claramente fijadas para todo aquel que las quiera leer:

•  Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

• Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

• Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así­ lo exigiere el interés general.

• Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Pues ya ven ustedes…, resulta que nuestra Ley Suprema, que prácticamente todos dicen defender, obliga a impedir la especulación, reconoce explícitamente que debe haber empresas públicas en los sectores estratégicos, deja abierto el camino a las nacionalizaciones y dice que se debe facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

No hace falta ser un gran analista para darse cuenta de que es todo lo contrario a lo que tenemos: cada vez más especulación, más capitalismo, más privatizaciones y más mercado puro y duro. Por supuesto, lo de las cooperativas y el acceso a los medios de producción de los trabajadores son cosas que suenan a jerga marxista y parece imposible que sea algo que esté en nuestra constitución.

¿Y ahora qué?. El sector público prácticamente no existe. Sólo quedan las empresas muy deficitarias, las que no se pudieron vender, apagándose lentamente a base de prejubilaciones. En ninguno de los sectores estratégicos de la economía tiene el estado capacidad de maniobra. Se vendieron la siderurgia, la telefoní­a, el transporte aéreo, las fábricas de armas, las eléctricas, el combustible, la industria automovilí­stica y se dejaron morir las minas y los astilleros. Las cooperativas, a pesar de su mención explícita en la Constitución, no tienen ningún peso fuera del ámbito agrícola.

De esto se deduce que el gobierno no tiene empresas que marquen la pauta a seguir a la industria española. No puede fijar precios de materias primas, ni productos básicos, ni del suelo. La legislación europea le impide cualquier tipo de intervención en el mercado. Su única posibilidad de maniobra, dentro de este perfecto entramado neoliberal, para “crear riqueza” es la reducción de impuestos a los empresarios. La receta para “crear empleo estable” es facilitar el despido (”flexibilizar el mercado de trabajo” que le llaman). Cuando se habla de “crear tejido industrial” sólo puede plantearse hacer carreteras y regalar suelo a los empresarios.

En resumen, sin un cambio radical en nuestra democracia, dará igual lo que votemos. El gobierno no puede intervenir en la economía, el ministro está ahí sólo para intentar predecir los cambios de ciclo y decidir qué impuesto bajar. No hubo más que ver el debate Solbes-Pizarro de la pasada campaña. Igual que no hay más que ver las alternativas que da el PP a la política del gobierno: ninguna. Sin embargo, en la campaña electoral, PP y PSOE prometieron crear dos millones de puestos de trabajo sin explicar cómo y prometieron bajar impuestos sin decir qué reducción de presupuesto permitirí­a esta bajada.

Un ejemplo de la paradoja en que vivimos, con unos gobiernos incapaces de poner la más mínima limitación al mercado, es la huelga de estos dí­as. Los huelguistas del transporte (autónomos en su mayorí­a) exigen al gobierno algo que el libre mercado prohibe: imponer precios mí­nimos para evitar que las empresas grandes les arrollen en épocas de vacas flacas. Los armadores de pesqueros exigen que se limiten las importaciones, ignorando que el sistema económico que votaron no lo permite.

Y todo así… Las empresas que reciben subvenciones para instalarse se “deslocalizan” a los pocos años, dejando en la calle a los trabajadores, la sanidad empieza a ser un servicio simplemente subcontratado por la administración. La enseñanza universitaria, con los nuevos títulos de posgrado, pasará a ser para los que se la puedan pagar. Y la última noticia maravillosa: ahora podremos trabajar 60 horas semanales. Un gran avance en nuestros derechos que debemos agradecer a los “liberales” de Europa, ya que me sentía como encadenado con la obsoleta restricción legal de 8 horas diarias.

¿No vemos hacia dónde estamos dejándonos arrastrar sin protestar siquiera? Si seguimos votando cada cuatro años para que nada cambie, todo será igual. Si para los españoles la ideología son los matices formales que diferencian a PP y PSOE, no me extraña que se pueda hablar del fin de las ideologías. Las discusiones más fuertes entre gobierno y oposición son por la redacción del “estatut” o por la gestión de la tregua etarra. Por tanto es cierto eso que se dice que ya no existe la división izquierda-derecha. Sólo existen dos partidos que discuten matices en el modo de gestión, pero nunca el fondo de lo que de verdad importa. El sistema económico y social que da el poder al mercado, por encima de los ciudadanos no se pone en duda, al contrario, se liquidan los pocos mecanismos que pudieran cuestionárselo.